Erika Pérez
Lo ocurrido este jueves durante la vista pública relacionada con la explotación minera que impulsa la empresa GoldQuest Mining Corp. en la provincia de San Juan es un hecho que, aunque polémico, refleja el nivel de tensión y preocupación existente en gran parte de la población.
Muchos ciudadanos consideran que lo sucedido era, de alguna manera, una reacción que el pueblo necesitaba expresar. No obstante, también es importante dejar claro que defender una causa no significa respaldar el desorden.
La posición que debe prevalecer es la del derecho a la protesta pacífica, un principio reconocido tanto por la Constitución dominicana como por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
A partir de este episodio, el pueblo de San Juan debe observar con atención el escenario que se dibuja. Por un lado, están quienes mantienen firme su convicción de que, si se concreta el proyecto minero, el Valle de San Juan podría enfrentar consecuencias ambientales que afectarían no solo su ecosistema, sino también parte de la hidrografía que nutre la región Enriquillo y algunos afluentes vinculados a la región norte de la República Dominicana.
Por otro lado, están quienes defienden la explotación minera. Entre estos se encuentran periodistas, funcionarios, dirigentes políticos de distintos partidos, así como líderes comunitarios y campesinos. Tras lo ocurrido, muchos de ellos han utilizado las redes sociales para difundir mensajes en los que presentan como víctimas al personal vinculado al proyecto minero, asegurando que su integridad estuvo en peligro durante la protesta.
La democracia, como forma de organización social y política, también establece que cada ciudadano tiene el derecho de asumir y defender la postura que considere correcta. En ese sentido, resulta legítimo que existan posiciones encontradas en torno al proyecto minero que se pretende desarrollar en las montañas cercanas a Sabaneta.
Sin embargo, también es válido recordar que muchas de las acciones que se realizan en defensa de determinadas causas deberían responder a convicciones genuinas y no a intereses particulares. La coherencia entre los valores que se proclaman y las acciones que se ejecutan es lo que otorga verdadera legitimidad a cualquier discurso público.
En ese contexto, preocupa que parte de quienes hoy promueven las supuestas bondades de la minería lo hagan movidos por incentivos o beneficios particulares. Este señalamiento no surge desde la especulación, sino desde la experiencia directa de quienes han sido abordados para respaldar públicamente determinadas posturas.
Finalmente, más que alimentar divisiones, este momento debería servir para que la población de San Juan reflexione con serenidad y conciencia sobre el futuro de su territorio. Cada ciudadano tiene el derecho de decidir si respalda o rechaza la explotación minera, pero esa decisión debe surgir de la convicción personal y del análisis responsable de las consecuencias.
Asimismo, corresponde a las autoridades evaluar con responsabilidad qué es lo que verdaderamente conviene a la provincia. Porque, si las decisiones se toman únicamente sobre la base de beneficios económicos inmediatos, existe el riesgo de que en el futuro la sociedad recuerde con pesar aquella advertencia bíblica contenida en 1 Timoteo 6:10.
#AGUA_SI_ORO_NO
#NO_QUEREMOS_AQUÍ_LO_QUE_PASÓ_EN_COTUÍ