San Juan espera decreto que blinde a la provincia de la minería

Aunque el Gobierno anunció la paralización del proyecto minero Romero y la salida de los equipos de la empresa GoldQuest de la provincia San Juan, el conflicto en torno a la minería metálica sigue sin cerrarse. Organizaciones ambientales, productores, iglesias y distintos sectores sociales sostienen que la presencia de la empresa en territorio sanjuanero mantiene vivo el tema y advierten que las protestas podrían retomarse si no se emite una garantía legal definitiva.

El Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida denunció que GoldQuest mantiene un campamento en la comunidad de Hondo Valle, presuntamente resguardado por miembros del Ejército, pese al anuncio realizado por el presidente Luis Abinader de detener de inmediato todas las actividades relacionadas con el proyecto Romero.

La organización asegura que la empresa continúa teniendo presencia en la provincia y realizando acciones en comunidades cercanas, situación que, a su juicio, contradice el compromiso asumido por el mandatario de respetar la voluntad de la población sanjuanera, que durante meses manifestó su rechazo a la minería metálica en la Cordillera Central.

Un año de movilizaciones

Durante gran parte de 2026, San Juan protagonizó una de las mayores jornadas de protesta ambiental registradas en la región Sur. Productores agrícolas, organizaciones comunitarias, iglesias, estudiantes, profesionales y ciudadanos realizaron marchas, concentraciones, vigilias y cadenas humanas para exigir la salida de GoldQuest y la cancelación definitiva del proyecto Romero.

La manifestación de mayor impacto tuvo lugar en el muro de la presa de Sabaneta, donde miles de personas defendieron la preservación del río San Juan, la presa, los canales de riego y los acueductos que abastecen a gran parte de la provincia y sustentan la producción agrícola del Valle de San Juan.

La presión social motivó posteriormente el anuncio del retiro de los equipos utilizados en las labores de exploración y la decisión presidencial de detener las operaciones de la empresa en la provincia.

El reclamo ahora es un decreto presidencial

Sin embargo, los sectores que encabezaron la lucha sostienen que el anuncio del cese de las operaciones no es suficiente para garantizar la protección definitiva del medio ambiente.

La principal demanda de las organizaciones ambientales es que el presidente Luis Abinader emita un decreto presidencial o impulse una disposición oficial que prohíba la minería metálica en la zona y garantice la conservación permanente de los recursos naturales de la Cordillera Central.

A juicio de estos sectores, una decisión administrativa sobre la paralización de un proyecto puede ser modificada en el futuro, mientras que un instrumento legal ofrecería mayor seguridad a la población y respondería al reclamo de miles de sanjuaneros que se movilizaron durante meses en defensa del agua y la agricultura.

El Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida también solicitó que el Ministerio de Medio Ambiente formalice la paralización del proyecto Romero y que se ordene la salida de todas las empresas que realizan exploraciones mineras en la Cordillera Central, considerada una de las principales fuentes de agua del país y declarada por la Unesco como Reserva de Biosfera Madre de las Aguas.

Diputado respalda la demanda

En un turno ante la Cámara de Diputados, el legislador Melido Mercedes Castillo respaldó la posición de los sectores ambientalistas y sostuvo que la defensa del agua debe prevalecer sobre cualquier interés económico.

El congresista expresó que la provincia espera una decisión definitiva del Poder Ejecutivo que elimine cualquier posibilidad de que proyectos de minería metálica puedan desarrollarse en el futuro y garantice la preservación de los recursos naturales de San Juan.

Incertidumbre mantiene vivo el conflicto

Mientras la empresa GoldQuest continúe con presencia en la provincia, organizaciones sociales consideran que el conflicto minero seguirá abierto. Advierten que, de no producirse una decisión definitiva que garantice la protección ambiental y la salida total de las empresas de exploración, las movilizaciones ciudadanas podrían regresar.

Para los sectores que encabezaron la lucha, el objetivo ya no es únicamente detener las operaciones de una empresa, sino lograr una garantía legal permanente que preserve el agua, la producción agrícola y los recursos naturales de San Juan para las futuras generaciones.

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