Cumbre judicial firma hoja de ruta ciudadana
Entre esas acciones se encuentran: incorporar los productos axiológicos en la planificación estratégica, actualizar el mapa judicial iberoamericano, innovar y digitalizar, atender el impacto de la inteligencia artificial, fomentar la cooperación solidaria, promover la educación y capacitación judicial, garantizar la igualdad de género y promover la protección de los derechos ambientales.
Mediante la Declaración de Santo Domingo, se invitó a los Poderes Judiciales de Iberoamérica a adoptar estos principios y compromisos, integrando los valores axiológicos en sus procesos de planificación y administración, y garantizando su implementación efectiva para fortalecer el Estado democrático de derecho y construir una justicia que responda a las necesidades de todas las personas.
Asimismo, se establece que al unir esfuerzos y trabajar con una metodología orientada a resultados, se consolidará una justicia iberoamericana que sea un modelo de transparencia, excelencia y respeto por los derechos humanos.
Es importante destacar que la Declaración de Santo Domingo es un llamado a la acción transformadora, así como una invitación y un reclamo para continuar fortaleciendo la democracia y el Estado de derecho en un tiempo en el que las instituciones y los derechos enfrentan múltiples cuestionamientos que ponen en riesgo las grandes conquistas de los pueblos iberoamericanos.
“Es también una promesa de que los Poderes Judiciales de Iberoamérica trabajarán sin descanso para garantizar una justicia que responda a las necesidades de las personas, respete la libertad, proteja la igualdad, promueva la equidad procesal y sustantiva, fomente la solidaridad y honre la dignidad de cada persona”, indica la declaración de Santo Domingo, firmada electrónicamente por los presidentes de las Supremas Cortes de Justicia y de los Consejos de la Judicatura de Iberoamérica.
Los países firmantes creen en la fuerza de la justicia como herramienta de cambio social y ambiental, como espacio de reconciliación y como motor de una convivencia sostenible y duradera.
Asimismo, se comprometieron a trabajar con ética y visión para consolidar poderes judiciales ejemplares, que sean un faro de esperanza, confianza, excelencia y garantía de derechos para las generaciones presentes y futuras.
Durante el acto de clausura, el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, afirmó que uno de los hitos de esta edición ha sido la adopción de la Declaración de Santo Domingo, la cual recoge los acuerdos alcanzados y reafirma el rumbo común de los poderes judiciales de Iberoamérica hacia una justicia actual, moderna, accesible y firmemente comprometida con la dignidad de las personas.
«Reafirmamos desde aquí que la justicia no puede ser un sistema encerrado en sí mismo. Es, ante todo, un pilar fundamental de la democracia, y su calidad, cercanía y eficiencia dependen en gran medida de nuestra capacidad para colaborar, innovar y actuar con sentido colectivo», aseguró el magistrado Molina.
Al destacar y felicitar el trabajo del equipo técnico y de los organizadores de la Cumbre, el juez presidente se mostró convencido de que lo discutido y acordado en el cónclave se materializará y se convertirá en ideas, herramientas y compromisos que, aplicados con voluntad, fortalecerán los poderes judiciales y tendrán un impacto concreto en la vida de quienes acuden cada día a la justicia en busca de respuestas.
La Declaración de Santo Domingo fue firmada por los siguientes países: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Uruguay, la República Dominicana y Venezuela.
La Cumbre Judicial Iberoamericana es una organización que facilita la cooperación entre los sistemas judiciales de 23 países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Reúne en un solo foro a los líderes de las Cortes Supremas de Justicia y a los Consejos de la Judicatura de estas naciones.
El lema de esta XXII edición es “Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”, y se centra en tres ejes estratégicos:
• Justicia oportuna, sin demora;
• Justicia inclusiva, que garantice el acceso para todas las personas;
• Justicia confiable, cimentada en la transparencia.
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